Análisis del régimen administrativo-sancionador de la ley 42-08 sobre defensa de la competencia

Abstract

El Derecho de la Competencia es de recién creación y puesta en vigencia en la República Dominicana. Debido a esto, no es posible prever la incidencia que tendrá en asegurar la libre competencia de los agentes económicos del mercado. La fórmula a la cual ha acudido el legislador para proteger dicha libre competencia, se fundamenta en la imposición de sanciones administrativas a cargo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Esto conlleva, por tanto, la configuración de varias conductas típicas anti-administrativas cuyos principios subyacentes, del derecho administrativo-sancionador, son extraídos en gran medida del derecho penal. La configuración de estas conductas debe adecuarse a los principios y reglas establecidos en la Constitución, como norma suprema y como mecanismo de garantía de los derechos fundamentales de los administrados; en especial el de reserva de ley. De lo contrario, la política de competencia puesta en funcionamiento resultaría inaplicable por transgredir las disposiciones de nuestra Carta Magna, teniendo como desenlace una legislación natimuerta. De ahí la importancia de analizar estas disposiciones de cara a los principios y reglas constitucionales, desarrollados en gran medida por la normativa legal, e interpretados por juristas tanto del derecho penal como del derecho administrativo, en su vertiente sancionadora. Bajo dicha perspectiva dual (penal y administrativo-sancionador) se lograron identificar falencias tanto para la descripción típica de las conductas como en el ámbito sancionatorio, en lo particular por la falta, escasez o imposibilidad de colaboración reglamentaria; fundamental en materias tan técnicas y especializadas como el derecho de la competencia.